Cerraron los manicomios...los echaron a la calle...y acabaron en la cárcel

Información de EL MUNDO  7/06/2010

En las cárceles hay tres veces más enfermos mentales que en la población general

Psiquiatras y asociaciones de derechos humanos reclaman la reforma del sistema

MARÍA SÁNCHEZ-MONGE

MADRID.- "Dejar a las personas con trastornos mentales tratables en manos del sistema de justicia penal no es útil ni para la sociedad ni para el individuo. El hecho de haya tantos internos con problemas psiquiátricos en las prisiones -frecuentemente sin tratamiento- supone una afrenta para los valores sociales y la adecuada comprensión de las enfermedades mentales". Este es el dictamen de la situación de las cárceles canadienses que hacen los autores de un editorial que se publica en la última edición del Canadian Medical association Journal (CMAJ).

En los correccionales de Canadá, el número de afectados por patologías psiquiátricas graves es unas tres veces superior al de la población general. Según explican los expertos que firman el artículo, las personas con condiciones médicas potencialmente controlables, como la esquizofrenia o la depresión, "pueden tener un comportamiento que la sociedad considera inaceptable e, incluso, criminal cuando no cuentan con los sistemas de apoyo adecuados".

Aseguran que las cárceles no son, desde luego, los lugares más apropiados para los enfermos mentales que han cometido algún delito. Al menos, no tal y como están planteadas en la actualidad, ya que no cuentan ni con las instalaciones ni con el suficiente personal médico especializado.

El panorama en España no es mucho mejor que en Canadá. "Nuestra situación es de las peores de Europa con diferencia", asegura Alfredo Calcedo-Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. "Para empezar, somos el país de la Unión Europea con un mayor número de presos respecto a la población: 155 por 100.000 habitantes", agrega. Este psiquiatra corrobora que en las prisiones hay entre tres y cuatro veces más enfermos mentales graves que en el conjunto del territorio nacional.

Según datos recogidos por la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Fefafes), en España había en 2006 (últimos datos disponibles) más de 19.000 individuos en prisión con un diagnóstico psiquiátrico. A estas personas habría que añadir los casi 600 pacientes de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, "cuyas condiciones de vida siguen siendo las mismas de hace 20 años, tal y como denunció el Defensor del Pueblo en un informe de marzo de 2009".

Calcedo-Barba explica que las circunstancias en las que se encuentran los afectados por patologías mentales en las cárceles españolas "son lamentables". En cambio, "en la mayor parte de los países desarrollados se han creado servicios de psiquiatría forense que dependen del sistema sanitario y cuentan con medidas de alta seguridad". Ese sería el modelo de atención más adecuado.

"En España no hay nada de eso", apostilla. No obstante, puntualiza que hay una excepción, Cataluña, que cuenta con un planteamiento "mucho más avanzado" en esta materia, aunque también es mejorable.

Disputas políticas

En el origen del problema se encuentra la descoordinación entre administraciones. Los enfermos mentales que cometen delitos deben responder ante la justicia, pero también necesitan cuidados sanitarios. Y ahí es donde surgen las complicaciones, ya que el sistema penitenciario depende del Gobierno central, mientras que el sanitario corre a cargo de las autonomías. "Por eso nadie invierte en esta cuestión; los responsables autonómicos y nacionales se pasan la 'patata caliente' unos a otros".

Y mientras los políticos discuten, España sigue contando únicamente con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (en Alicante y Sevilla), que siguen "un modelo de hace 40 ó 50 años y se encuentran absolutamente desbordados", resume el experto en psiquiatría forense. Como ya no caben más internos en esos dos centros, muchos enfermos graves con causas penales pendientes ingresan directamente en prisión, donde no hay medios para proporcionarles el tratamiento psiquiátrico que requieren.

Por ejemplo, cuando una persona que padece una psicosis es condenado tras cometer un homicidio, acaba en la cárcel, donde "lo meten en la enfermería", señala Calcedo-Barba, ya que ahí "hay algo más de personal". Pero eso no sirve de mucho, puesto que "los médicos de instituciones penitenciarias se encuentran desbordados".

Las prisiones acusan la falta de personal sanitario y, particularmente, del especializado en salud mental. Así, para todos los centros penitenciarios de Madrid tan sólo hay dos psiquiatras en plantilla.

Cuando la situación de los presos aquejados de enfermedades mentales se deteriora mucho, se les ingresa en un hospital. Nuevamente, son atendidos de forma inadecuada, ya que se les mantiene aislados en habitaciones custodiadas. "No salen de ellas para nada; son como celdas de aislamiento", apunta el psiquiatra, quien añade que este entorno es lo menos terapéutico que puede haber para unos pacientes que precisan, por ejemplo, salir al aire libre o realizar terapia ocupacional.

Tal y como subrayan los autores del editorial recogido en la revista canadiense, este estado de cosas no beneficia al individuo, que no recibe tratamiento, ni al conjunto de la sociedad. Cuando un enfermo mental sale finalmente de la cárcel -algo que suele hacer más tarde que el resto de los presos, puesto que nadie se atreve a concederle permisos o progresiones de grado-, nadie se ocupa de vigilarlo.

Dado que no hay medios en las prisiones para tratar los trastornos psiquiátricos y los afectados son puestos en libertad cuando han cumplido su condena, no es de extrañar que algunos salgan al 'mundo real' en condiciones pésimas. "Se les deja en la puerta de la prisión y, si se da la circunstancia de que están delirando, atacan a alguien poco tiempo después de estar en la calle", señala el especialista, quien asegura que es algo que ocurre con cierta frecuencia.

La situación de estas personas también ha sido denunciada por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que consideran que en estos casos coexiste un doble estigma: el asociado a la reclusión penal y el que soportan quienes padecen enfermedades mentales.

En opinión de Calcedo-Barba, teniendo en cuenta la actual crisis económica, no es probable que alguien vaya a tomar cartas en el asunto en un futuro próximo: "En época de bonanza económica no se aprovechó para hacerlo".